Un informe contable frustrado. Una carta documento. Una notificación a la Justicia penal. El cruce entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Tribunal de Cuentas (TC) por una auditoría encomendada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) sobre fondos federales percibidos en 2016 ha sumado nuevos episodios de creciente tensión institucional.
El ente de contralor provincial conducido por Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales) publicó dos acuerdos -2.415 y 2.416- en los que dio a conocer que el intendente capitalino, Germán Alfaro (ApB-Cambiemos), había enviado una carta documento asegurando que el TC había incurrido “en aseveraciones falsas” en un informe oficial y que la actitud del organismo de control “aparece como una confabulación política en contra de este municipio”. “Por encontrarnos ante la imputación de un delito formulada por un funcionario público local de máxima jerarquía, consideramos que la misma, no obstante tener estado público, por la gravedad de los hechos imputados debe ser puesta en conocimiento del fiscal en lo Penal de Instrucción para que investigue los hechos”, afirmaron Terraf, Vidal y Díaz Ricci. Y adjuntaron una nota publicada el miércoles por LA GACETA en la que Alfaro afirma que el gobernador, Juan Manzur, y el TC “actúan en connivencia para atacar políticamente al Acuerdo para el Bicentenario”.
El año pasado, a pedido de la Sigen -y sobre la base de un decreto del PEN de 2014-, el Tribunal de Cuentas comenzó a efectuar auditorías sobre los fondos recibidos directamente desde la Nación por los municipios y comunas en 2016.
Fuentes del ente de control provincial indicaron a este diario que, a grandes rasgos, la labor -que está en plena ejecución- consiste en solicitar la información a las administradores locales sobre los recursos federales ingresados y sobre su aplicación; más tarde se realiza una inspección en el lugar y se eleva lo recabado a la Sigen. Fuentes del Tribunal precisaron que esa es solamente la misión del organismo en este tipo de informes.
Antecedentes
Hasta ahora, según los acuerdos publicados, tres municipios rechazaron la auditoría del Tribunal de Cuentas: la capital, cuyo intendente es Alfaro; Concepción, que es conducida por el radical Roberto Sánchez (ApB-Cambiemos); y La Cocha, cuyo jefe municipal es el oficialista Leopoldo Rodríguez (h), del PJ-FpV. En todos los casos, el ente de contralor indicó a la Sindicatura General de la Nación que la auditoría “no pudo llevarse a cabo por la falta de presentación de la documentación solicitada”.
Alfaro sin embargo desmintió esa situación. El jueves, el intendente le envió una carta documento al Tribunal de Cuentas y lo “intimó a que en el plazo perentorio de 48 horas rectifique” las observaciones expresadas vía acuerdo 2.274. “Tales aseveraciones resultan falaces, por cuanto el municipio aportó toda la documentación e información que correspondía brindar en cuanto a materia de competencia correspondía”, señaló Alfaro. Y consignó que el decreto de 2014 que habilita el convenio entre el TC y la Sigen “sólo comprende el control de la gestión de los programas de inclusión social implementados o financiados por el Gobierno nacional”. “Los invito a respetar los canales institucionales, como regla en una futura relación que pueda presentarse entre ambas parte”, concluyó Alfaro en el escrito a Terraf y sus pares.
El Tribunal de Cuentas, en el acuerdo 2.416, rechazó “por improcedente” la carta documento del jefe municipal. Además, en el acuerdo 2.415, resolvió notificar a la Justicia penal por las “imputaciones de carácter delictual” que efectuó Alfaro “en contra de los miembros y funcionarios” del ente de contralor provincial. “El señor intendente capitalino se encuentra no sólo compelido a formalizar la correspondiente denuncia, sino a aportar las pruebas que fundan su imputación”, remarcaron Terraf, Vidal y Díaz Ricci.